Seis años sin justicia, seis años de lucha. Seis años sosteniendo la MEMORIA, en busca de la VERDAD, para que se haga JUSTICIA.
Hace seis años en nuestra supuesta “aldea de montaña”, viviendo en un supuesto “estado de derecho”, en un barrio del Alto la policía ejecuta a Diego, un pibe de 15 años. El barrio estalla, tantos años aguantando el atropello, la prepotencia, la provocación policial que el barrio estalla.
El poder se organizó rápidamente, llegaron fuerzas oficiales de todos lados. A la presencia de pibxs tirando piedras se oponen más de un centenar de efectivos armados, dispuestos a matar y mataron.
La brutal represión, con la luz verde del gobierno de turno, asesina a Sergio y a Nino, y persigue, detiene, hiere y tortura a decenas de jóvenes que estaban manifestando su dolor y su bronca ante la masacre, imponiendo de hecho “el estado de sitio” en la ciudad durante más de 48 hs. al mejor estilo de la dictadura militar.
Por qué hablamos de Terrorismo de Estado en Bariloche, en Rio Negro?
¿Qué podemos decir del proceso judicial?
-El poder judicial a través del juez Ricardo Calcagno, quién tiene en su haber varios pedidos de juicio político, se ocupa de encubrir a la policía y a los funcionarios políticos que dieron la orden de reprimir, al seguir sosteniendo que tanto los jefes policiales como los efectivos, tuvieron solo la intención de contener a los manifestantes y no de matar, cuando la realidad fue que los jefes fueron responsables de la represión y los policías usaron municiones letales contra la población desarmada.
-Estamos a las puertas del juicio por que entre todos y todas se lo arrancamos a los poderes de turno, por que como se lo prometimos a los familiares de las víctimas hace ya muchos, demasiados, comunicados, no vamos a abandonar la lucha.
Sabemos también que no va a ser un juicio justo. Más allá de la argumentación en el reciente dictamen del procesamiento, con procesados por “homicidio en riña” y “homicidio culposo” ante semejante masacre, las condenas serán mínimas, inclusive pueden ser excarcelables. El aparato judicial cómplice de los asesinos nuevamente garantiza la impunidad.
La justicia tardìa nunca es justicia y si es complaciente con el poder es impunidad.
Si lxs familiares, Multisectorial, organizaciones y vecinxs movilizadxs no hubiéramos seguido reclamando y luchando durante estos 6 años, e interviniendo en las diferentes instancias del proceso hoy la causa estaría desestimada.
Por eso Seguiremos en la calle RECLAMANDO y EXIGIENDO: por MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.
¡¡NO nos van a callar!
Y decimos, SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE !!
Los sucesivos gobiernos provinciales de la UCR, Frente para la Victoria y Juntos somos Río Negro han tratado o bien de tergiversar los hechos o bien han sido cómplices de la demora en la causa, y hecho promesas que no cumplieron. El mismo gobernador Weretilneck que se comprometió ante los familiares a llegar hasta las últimas consecuencias para el esclarecimiento de los asesinatos es quién hoy premia a Mario Altuna, defensor apasionado durante todos estos años de la policía asesina nombrándolo como jefe de la policía provincial. Personaje que logramos que no fuese nombrado fiscal de Cámara gracias a la denuncia, el apoyo y la lucha de organizaciones de DDHH de todo el país. Weretilneck marca así su alineamiento con el gobierno nacional y su acuerdo con la implementación de medidas represivas para sostener el ajuste económico y social. Esto se completa con la pata judicial y el aberrante fallo del Superior tribunal de Justicia de Río Negro, que en el contexto de la escalada represiva permite detener “de hecho” a menores sin ninguna causa.
Vemos que a una historia de deficiencias en la implementación de políticas que garanticen cambios estructurales hoy se suman, un ajuste brutal en lo económico y en lo simbólico y un recrudecimiento en las políticas represivas por parte del estado.
A la ley antiterrorista vigente desde el gobierno anterior, se agrega la promulgación del protocolo de seguridad, marco legal que habilita al estado a reprimir, a perseguir a los ciudadanos y a judicializar las protestas.
El Terrorismo de Estado habilita y legitima la violencia institucional en todas sus formas. Desde el poder se sigue construyendo un permiso social para apretar el gatillo contra los jóvenes, contra los trabajadores, contra los sectores populares, para criminalizar la protesta y la pobreza. Como sociedad tenemos que hacernos responsables de que el “algo habrán hecho” y el “por algo será” siguen vigentes. Pero también sabemos que la organización es el límite a tanta impunidad.
Pasaron seis años desde ese 17 de junio en el que en nuestra ciudad se marcó un antes y un después de la Masacre del Alto. Un después que incluye día a día el horror de nuevos episodios de represión en diferentes lugares de nuestra provincia. A los crímenes del Titi Almonacid y Jorge Pilquimán, causas que prescribieron sin culpables o la de Otoño Uriarte, la de Atahualpa Martínez Vinaya, para quienes no hay justicia, se suma el secuestro y desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, el asesinato del joven Garrido en la comisaría de El Bolsón (pretendiendo las autoridades encubrirlo como un suicidio), Carlos Painevil en Allen, y tantos otros, además de las constantes persecuciones y golpizas policiales que reciben nuestros adolescentes, como fue denunciado la semana pasada que cuatro jóvenes fueron brutalmente golpeadxs en la comisaria segunda de nuestra ciudad.
Ante todo esto los gobiernos responden con mano dura y cámaras en las calles, en las plazas y en todos los lugares públicos… pero no dan respuestas a la exigencia de que se coloquen cámaras que den cuenta del accionar policial en las comisarías o en el Penal donde la policía tiene el territorio liberado.
¿Más policía? ¿Qué policía? La corrupta que te pide coimas para “estar tranquilo”, la que vende droga, la que es parte del negocio de la trata, la que libera zonas y manda a robar, la que te pide el documento a patadas, la que te da miedo que se te acerque, la que te mata?
Por todo esto decimos: No olvidamos, no perdonamos, no renunciamos a la búsqueda de Verdad y Justicia, No daremos ni un paso atrás en la lucha, no descansaremos hasta lograr que los culpables de los asesinatos de nuestros pibes estén presos y nuevamente nos convocamos a profundizar nuestro compromiso para que
NUNCA MÁS haya NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS
-Por el ajuste.
-Por la precariedad en el sistema de salud.
-Por el achique de presupuestos para educación y cultura.
-Por hambre.
-Por la maldita policía.
-Por represión.
-Por violencia de género.
-Por una justicia para pocos.
-Por la red de tratas.
-Por el narcotráfico y el circuito de la droga.
-Por la ley antiterrorista y el protocolo de seguridad.
-Por la falta de trabajo
DIEGO, NINO Y SERGIO PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!
FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE JUNIO Y MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESION Y LA IMPUNIDAD DE BARILOCHE
MTR - Movimiento Territorio Rebelde
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En el primer semestre de este año, las medidas económicas del Gobierno de Macri concretaron una transferencia de ingresos a los sectores concentrados (compañías agroexportadoras, bancos, empresas de alimentos y grupos industriales) de 281.000 millones de pesos, equivalentes a poco más de 19.300 millones de dólares, sin que se haya evitado la fuga de capitales.
La megadevaluación, la eliminación de retenciones, la aceleración inflacionaria y la bicicleta financiera habilitada por el Banco Central definieron una redistribución regresiva del ingreso.
La estimación de esa impresionante transferencia de recursos (desde el Estado y la población que depende de ingresos fijos) hacia las principales firmas locales y extranjeras, equivale a un 75 % por encima de la partida anual destinada para Obras Públicas , es un 130% mayor que el Presupuesto Nacional utilizado para solventar las Universidades Públicas, cuadruplica el presupuesto destinado a salud, equivale a nueve veces las partidas para vivienda y representa los fondos necesarios para financiar durante más de seis años la AUH. Pese a esto, se evidencia un incremento en la fuga de capitales favorecida por la liberación financiera y cambiaria que propulsaron desde el equipo económico del Gobierno Nacional (en los primeros tres meses se fugaron unos 3300 millones de dólares)
Mientras tanto, trabajadores, sindicalistas, estudiantes, organizaciones sociales, jubilados, clubes barriales, etc… aguardan angustiados una promesa de mejora para el segundo semestre que ya comenzó.
El proceso de transferencia afectó la calidad de vida de la mayoría de los argentinos al reducir el poder adquisitivo, a la par que expone a la economía argentina a mayores vulnerabilidades en el sector externo.
El sentido de las principales medidas del nuevo gobierno y la magnitud de su alcance dan una pauta clara de la orientación económica con la cual se ha decidido conducir la economía.
- Devaluación y comercio exterior: El salto cambiario redundó en una ganancia de 4786 millones de dólares para las firmas exportadoras.
- Sin retenciones: La eliminación de derechos de exportación redundó en una transferencia de recursos desde el Estado hacia las cerealeras, frigoríficos y mineras del orden de los 704 millones de dólares. - Diferencial de tasas: Los bancos obtuvieron una rentabilidad extraordinaria sobre las inversiones financieras que realizan con los recursos de los ahorristas, arribándose a montos de unos 3074 millones de dólares.
- Dólar futuro: El BCRA informó que desde la devaluación del 17 de diciembre de 2015 y hasta abril de 2016 debió pagar aproximadamente 70.000 millones de pesos, cifra que equivale a 4828 millones de dólares.
- Shock inflacionario: A pesar de la retracción en el consumo, entre noviembre y abril, el monto adicional apropiado por el sector empresario en su conjunto (como resultado de la aceleración en los precios) alcanza los 86.875 millones de pesos, equivalentes a unos 5991 millones de dólares. Si bien los empresarios sufrieron una pérdida de demanda y un incremento de costos, estos efectos fueron más que compensados por el incremento de los precios locales cuando se cuantifica la transferencia desde los sectores de ingresos fijos por vía del shock inflacionario.
Argentina corre el riesgo de incurrir nuevamente en un triángulo sumamente perjudicial: transferencia de ingresos, fuga de capitales y endeudamiento externo. No sería sorprendente que el endeudamiento, que asuma el Estado en los próximos años, supere y se consuma en el financiamiento de la fuga.
La transferencia de ingresos durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos equivale a 1762 dólares por trabajador ocupado, 451 dólares por habitante, 160 millones por día, 7 millones de dólares por hora o 111.242 dólares por minuto... que fueron apropiados por los sectores empresarios.
¿HASTA CUÁNDO LOS TRABAJADORES SEGUIREMOS PAGANDO LA FIESTA DE UNOS POCOS?
Auka
MTR - Movimiento Territorio Rebelde
Fuente Página|12
MTR - Movimiento Territorio Rebelde